Rafael Lemus
El 70 por ciento de los libros digitalizados por Google no tienen autor, editor o herederos que reclamen regalías y eso ha generado una polémica mundial. ¿Quiénes son sus dueños? Además, el gigante no garantiza lo que las bibliotecas han hecho siempre: la opción de leer libros, dice el autor.
1Los hechos suceden más o menos así: En 2004 una compañía estadounidense, Google Inc., anuncia su intención de digitalizar y colgar en la red por lo menos 18 millones de libros. Para conseguirlo empieza por escanear el acervo de cinco de las bibliotecas públicas y universitarias más importantes de Estados Unidos. Seis años después, firmados nuevos convenios con otras bibliotecas y utilizando máquinas capaces de capturar hasta mil páginas por hora, presume de haber digitalizado ya cerca de 10 millones de libros.
Pero ¿de quién son, en realidad, esas copias digitales? ¿A quién pertenecen los derechos de los títulos escaneados? En el 20 por ciento de los casos no hay duda: son obras de dominio público y Google puede disponer de ellas sin rendir explicaciones. Otro 10 por ciento de los libros digitalizados se encuentra bajo el régimen de derechos de autor, y tampoco existe problema: está claro que Google no puede explotarlos comercialmente ni ofrecerlos gratuitamente. (Puede, como ya hace, exponer algunos fragmentos y dirigir al internauta hacia las librerías donde se vende la obra).
El problema son los siete millones de títulos restantes, que están también bajo la protección de las leyes de derechos de autor pero que no tienen ni autor ni editor que los reclame (o los escritores están muertos o ilocalizables, o los herederos han desatendido su legado, o las casas editoriales han desaparecido y nadie más ha vuelto a editar esas obras). Dicho de otra manera: cerca del 70 por ciento de los libros digitalizados por Google son libros huérfanos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Puede Google sumarlos a su biblioteca digital, o debe respetar los derechos de los autores aunque éstos no estén para exigirlos?
Es aquí que empieza la riña: Google piensa que puede disponer de esos libros, siempre y cuando no se beneficie económicamente de ellos, y algunas organizaciones de escritores y editores estadounidenses piensan lo contrario. Previsiblemente la riña se vuelve litigio: el Sindicato de Escritores estadounidenses (el Authors Guild) y la poderosísima Asociación Americana de Editores (la Association of American Publishers, que incluye a más de 300 editoriales) presentan una demanda contra Google por violar sistemáticamente las leyes de derechos de autor. Abogados van y abogados vienen y todo concluye, tiempo después, anticlimáticamente: no con un fallo sino con un acuerdo comercial entre las dos partes que deberá ser ratificado, o no, en los próximos meses por el juez estadounidense Denny Chin.
Algo tendrá de escandaloso ese acuerdo que ya consiguió reunir en su contra a numerosos actores. Las casas editoras europeas exigen su anulación. La Open Book Alliance (que cuenta entre sus integrantes a Microsoft, Amazon y Yahoo) advierte que, de ser aceptado, consentirá un monopolio. El gobierno estadounidense insinúa tímidamente lo mismo, y solicita que sea revisado. Y los promotores del copyleft aseguran que el acuerdo acabará obstruyendo lo que se pretendía en principio: acercar los libros a los lectores.
¿Qué diablos establece ese acuerdo? Primero, un pago de 125 millones de dólares de Google al Sindicato y a la Asociación como compensación por los derechos de autor violados hasta el momento. Después, y mucho más importante, una extraña y absurda solución al problema de los siete millones de libros huérfanos. Tan torpe como esto: para no dejar esas obras en la oscuridad absoluta ni violar los derechos de autor vigentes, Google podrá mostrar sólo el 20 por ciento de su contenido. Así de embrollado: el lector podrá leer la página del libro a la que el buscador lo lleve y las dos siguientes-, luego vendrán numerosas páginas en blanco y, de pronto, otras cinco visibles que volverán a ser seguidas por otras muchas hojas vacías. Es decir: el acuerdo entre Google y los demandantes trata de libros pero se opone, cosa curiosa, al hábito de la lectura. Porque ¿quién puede leer de ese modo? Aparte, ¿para qué tanto esfuerzo y publicidad y despliegue tecnológico por parte de Google si no ofrecerá lo que las bibliotecas han garantizado desde siempre: la posibilidad de leer de principio a fin los libros?
Otra cláusula, también absurda y además arbitraria, establece la manera en que las escuelas y bibliotecas de todo el mundo tendrán acceso a ese archivo de siete millones de libros. Desde luego que no gratuita ni libremente: tendrán que pagar una suscripción anual a Google para que sus alumnos y visitantes puedan consultar los títulos -aquí sí íntegramente- en una computadora. ¿Quién fija la tarifa? Sólo Google, que se quedará con el 33 por ciento de ella y repartirá el 67 por ciento restante entre las asociaciones demandantes. ¿Qué tan costosa será la suscripción? Tanto como a Google le apetezca, y no se espera que sea poca cosa.
Hoy -por ejemplo las bibliotecas estadounidenses llegan a pagar hasta veinte mil dólares por estar suscritas a una sola revista académica. Pagan eso porque no se pueden permitir el lujo de no contar con esas publicaciones entre su colección. Pagan eso, además, recortando gastos en otras áreas-, dejando de comprar miles de libros. Ahora, ¿cuánto estarán dispuestas a pagar para contar con un archivo digital de siete millones de libros fuera de imprenta? ¿Qué tan competitiva será la biblioteca que sencillamente opte por no pagarle a Google?
Se dirá que es cosa de que otras empresas hagan lo mismo que Google, formen una inmensa colección digital y la ofrezcan, a mejores costos, a los lectores y las bibliotecas. Pero esto no es sencillo, y lo será todavía menos si se ratifica el acuerdo. No es sólo que Google lleve ya una desmedida ventaja sobre sus potenciales competidores: es que el trato con el Sindicato y la Asociación garantiza su monopolio. Una cláusula establece que ambas asociaciones deben ofrecer ventajas comerciales a Google. Otra, más grave, señala que ninguna otra empresa podrá beneficiarse de los principios de este acuerdo. En otras palabras: aquel que desee escanear y subir libros huérfanos a la red no tendrá el permiso de las asociaciones, como lo tendría ya Google, y enfrentará una demanda millonaria.
El colmo: el acuerdo concede a Google la facultad de retirar cuantos títulos quiera de ese archivo digital. ¿Para qué? Para que la empresa pueda vender su servicio en el país que sea, armando colecciones al gusto del dictador o del partido en turno.
Ésta es la historia de un sueño que se volvió en el camino una pesadilla de tarifas y cláusulas y restricciones.
O mejor: es la historia de una Biblioteca Universal que, para honrar el espíritu de los tiempos, está a punto de convertirse en otra megalibrería.
Rafael Lemus, Ciudad de México, 1977. Ensayista y crítico literario. Es autor del libro de cuentos Informe (Tusquets).
Publicado en Día Siete 515
